Por Juan Félix Marteau
Para LA NACION
En los ocho años de vigencia de la ley 25.246 sobre lavado de dinero deorigen delictivo (fue promulgada el 5 de mayo de 2000), los tribunales argentinos no han dictado ninguna sentencia condenatoria por estedelito.
Esta situación adquiere renovada actualidad en una escena política en laque se hacen cada vez más exigentes las demandas por mayor seguridad. En el plano internacional, la Argentina debe enfrentar el año próximo una evaluación difícil en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el más poderoso organismo transgubernamental, que promueve la implantación de organismos globales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En el plano interno, el tráfico ilícito deprecursores químicos y medicamentos, la presencia de carteles en busca de nuevas rutas de embalaje de drogas e, incluso, la sospecha de la filtración de dinero crítico en la financiación de la campaña presidencial, exigen un análisis más preciso de la precisión de la respuesta estatal sobre la criminalidad económica.
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